La marcha de JZI hacia la claridad y la ética empresarial
Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías empleando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento empieza a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar aquí una negociación formal. Desde entonces, se alega que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el ámbito del capital peligro..